La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que «el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, y es el primero de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, desde que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo —más allá de su carácter trascendente— su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes revisten siempre condición instrumental». En esta línea de ideas, podríamos decir que el Estado es garante ultimo de dicho derecho y que si surgiera un conflicto donde un particular requiere cierto tratamiento, debe buscarse una solución que, fundada en derecho, satisfaga de la mejor manera posible la necesidad del particular.
Es muy común escuchar de casos de amparo por derecho de salud, sobre todo en afiliados por ejemplo a PAMI que requieren una medicación que la institución por algún motivo no les entrega o no cubre.
En casos como el descripto, se debe tener en cuenta que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el derecho a la salud se encuentra expresamente reconocido con jerarquía constitucional en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional a través de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. El art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que entre las medidas que los Estados parte deberían adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, deberían figurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas (inc. c) y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
De lo expuesto se concluye que los Estados parte de dichos tratados deben proveer a la salud y en caso de conflicto, se debe exigir dentro de lo razonable.
Por su parte, la doctrina ha desarrollado los siguientes conceptos acerca de los alcances del derecho constitucional a la salud “…el término ‘derecho a la salud’ sintetiza un derecho de naturaleza prestacional, pues conlleva una actuación afirmativa o positiva por parte del poder estatal en una dirección dada, es decir, ‘un derecho de la población al acceso –in paribus conditio- a servicios médicos suficientes para una adecuada protección preservación de su salud’.
El Estado asume entonces distintas obligaciones, como promover y facilitar el acceso de la población a las prestaciones de salud, no perturbar el desenvolvimiento lícito de los prestadores de salud, brindar tales servicios cuando la actividad privada resulte insuficiente o excesivamente onerosa, ya mediante planes de salud, la creación de centros asistenciales o la provisión de medicamentos.
Es por ello que debes asesorarte con un profesional ante la necesidad de realizar algún reclamo de cumplimiento de este derecho mediante medicación, prótesis u otros insumos, ya que cada caso es particular y debe ser analizado específicamente.
