(Bloque de concejales FPV-PJ) Para nosotros lo que Macri llama “avivadas” son servicios solidarios que mejoran la calidad de vida de los
nuevejulienses.
Históricamente, las cooperativas surgieron como organizaciones libres creadas para organizar y prestar con esfuerzo
propio y ayuda mutua, los servicios a precios justos que determinen democráticamente sus socios con igual grado de
representación. En la ciudad de 9 de Julio la cooperativa eléctrica se creó para detener pretensiones de monopolios
que buscaban obtener el lucrativo servicio, y en las demás localidades del distrito para suplir la ausencia del Estado.
Sin dudas, una de las ventajas estratégicas más relevante de nuestra comunidad, respecto a otras bonaerenses
similares, es la multiplicidad de exitosas entidades solidarias prestadoras de servicios, distribuidas en todo el Partido.
Nuestro Pueblo no hubiera progresado sin la labor de dichas organizaciones, de sus empleados, directivos y consejos
de administración.
El macrismo acusa con brutal malicia a municipios y a cooperativas distribuidoras de servicios eléctricos, de “abusos
injustificados” por la “avivada” de incorporar conceptos ajenos en los recibos donde se facturan prestaciones que
esas entidades brindan a sus asociados. En nuestro distrito esos ítems incluyen los obligatorios como agente de
retención: ley 11969, tarifa por alumbrado público, tasa para financiar obras y su recupero, y los voluntarios:
contraprestaciones por servicios asistenciales de sepelio, nicho y ambulancia, y el destinado a bomberos.
Macri ignora intencionadamente que esa estrategia solidaria mejora desde hace años la vida comunitaria cotidiana,
porque hubo acuerdos aprobados por los HCD y por asambleas cooperativas con participación de los vecinos
usuarios.
¿Por qué Macri descalifica a las democracias populares y a las organizaciones vecinales? El objetivo es que los
vecinos se enojen con los municipios y las entidades solidarias, y no critiquen la estafa multimillonaria con la
favoreció y favorece a amigos y socios, dueños de empresas que producen, transportan y distribuyen energía
eléctrica, gas y combustibles líquidos.
En el sistema energético, campo neurálgico cuyo costo condiciona a todos los sectores de la economía y a todo
estrato de la sociedad, el Presidente Macri cumple compromisos con un pequeño grupo de multinacionales locales y
extranjeras que le financiaron su campaña, al dolarizar y elevar el precio de la energía eléctrica, gas y combustibles
líquidos, lo que determinó subas de hasta el 3000 %. Desde el control directo del Estado, continúan maximizando
ganancias con precios monopólicos, transfiriendo el aumento de sus precios a las cadenas de valor y por esta vía a la
sociedad en su conjunto. En pocas palabras, la energía como mercancía, negocio para unos pocos.
Bajo un gobierno democrático y popular, los objetivos se ubican en las antípodas: la energía como herramienta vital
para el desarrollo económico nacional y regional, la autosuficiencia, la industrialización, la infraestructura, la lucha
contra la pobreza y la igualdad social. Para ello, es indispensable que la energía sea barata y subsidiada.
Las facturas de los servicios de energía eléctrica y de gas son impagables por los tarifazos de Macri, no porque el
pueblo haya acordado pagar conceptos que contribuyen a disminuir las desigualdades sociales, a mejorar la vida
comunitaria y a favorecer el desarrollo local con inclusión.
