Escuelas rurales fumigadas con agrotóxicos. Entidades pro ambientalistas difundieron el protocolo de denuncia que deberán realizar las escuelas rurales en caso de ser víctimas de las fumigaciones aéreas o terrestres con agroquímicos. Según el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, hay 2315 unidades educativas ubicadas a campo abierto, muchas de las cuales son conscientemente o no fumigadas sistemáticamente con agroquímicos.
Esas escuelas lindan con campos sembrados con soja que son fumigados con glifosato, pero también con pesticidas aún más nocivos para los seres humanos.
Según datos oficiales del Ministerio de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, hay 2315 unidades educativas consideradas dentro de la categoría “rural disperso” la cual reúne a todas las escuelas que se ubican en campo abierto. Esto significa que las más de 2 mil instituciones se encuentran expuestas a fumigaciones cotidianas que se realizan en los predios aledaños utilizados para el desarrollo de la agricultura, especialmente de la soja.
Más del 90 por ciento de los establecimientos educativos se encuentra expuesto a las derivas y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos” y es común la presencia de alumnos con “afecciones respiratorias”, adormecimiento en los labios, cefaleas, irritabilidad en la vista.
Esta situación ha sido denunciada en más de una ocasión por distintos actores locales, en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. No hace muchos meses han sido publicados dos comunicados: uno en Pergamino -con respecto a la realidad de los pueblos fumigados- y otro en Coronel Suarez -con un informe de más de 600 páginas sobre escuelas fumigadas-. Situaciones similares han sido denunciadas en diarios nacionales sobre Carmen de Areco, Cañuelas, Chacabuco, Rojas, Luján, Ramallo, Marcos Paz, Los Toldos, Saladillo y Alberti, partido en el que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires ha dictado sentencia favorable al resguardo de la salud de los vecinos en 2012 (descarga). Sin embargo, todos ellos siguen siendo fumigados.
Durante el 2013, la organización no gubernamental Bios de Mar del Plata llevó adelante la campaña de denuncia y concientización “Mala Sangre”, en la que se tomaron estudios de sangre para comprobar la presencia de sustancias tóxicas en los organismos de las personas. Esta acción dio como resultado dos cuestiones sustanciales: se demostró que los agrotóxicos no “desaparecen” luego de aplicados (es decir, que quedan en la sangre) y que estas sustancias deprimen el sistema inmunitario haciendo a la persona más sensible a enfermar.
A fines de 2014, la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) reconociendo que esta situación expresada en la provincia de Buenos Aires se repetía hacia el interior del país, recomendó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y a los ministros Nacionales y Provinciales de Agricultura, Educación, Ambiente, Salud y la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos coordinar “medidas precautorias y preventivas para minimizar los riesgos por el uso de agroquímicos, especialmente en cercanía de la población y las comunidades educativas rurales a donde asisten niños que se ven expuestos a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas en la zona”, según su comunicado de prensa.
Pese a las intervenciones judiciales e institucionales esta situación no ha sido solucionada y los niños, docentes y auxiliares siguen estando expuestos al uso de agroquímicos.
El protocolo
El Protocolo de actuación y denuncia ante un caso de fumigación con agrotóxicos en las adyacencias de una escuela rural en la provincia de Buenos Aires, es una guía con pasos concretos de cómo las autoridades de los establecimientos educativos deben actuar a los efectos de resguardar las pruebas y documentar el caso debidamente con vistas a visibilizar una problemática que es ignorada por el estado o bien formular una presentación administrativa o judicial.
El hecho debe ser denunciado ante las autoridades policiales y administrativas, sabiendo que el seguimiento estricto del protocolo se tendrá una base fáctica debidamente instrumentada que nos permitirá una sólida afrenta ante el poder judicial. Prueba de ello es el reciente fallo de la justicia de Bahía Blanca que hizo lugar a una medida cautelar a favor de una escuela rural afectada por las fumigaciones con agrotóxicos ( Caso Grynberg ver fallo ). Esa sentencia cautelar pudo obtenerse por el cumplimiento de varias pautas del presente protocolo, para el cual se consideraron las opiniones de docentes y directores de escuelas rurales afectadas directamente por las fumigaciones con agrotóxicos.
El registro de los casos de fumigaciones que se presenten permitirá dar un blindaje de legitimidad al reclamo colectivo antes las autoridades para avanzar en una reglamentación o tratamiento legislativo. Además constituyen un elemento de prueba importante para acreditar en las presentaciones judiciales, la desidia del estado , cualquiera sea la jurisdicción territorial.
En la Provincia de Buenos Aires, la ley provincial de agrotóxicos vigente y su decreto reglamentario no establecen ningún tipo de restricción para las fumigaciones terrestres. En cuanto a las aéreas, sólo prevé una distancia de protección de 2 kms respecto a los centros poblados, no incluyendo a las escuelas rurales. Por ello, en aquellas localidades donde no existan ordenanzas que regulen las fumigaciones con agrotóxicos o no dispongan ninguna restricción en relación a las escuelas rurales, con la aplicación estricta del protocolo, están las condiciones, a priori, para procurar intentar por la vía judicial la obtención de una medida cautelar idéntica al caso Grynberg (2 kms fumigaciones aéreas – 1000 metros terrestres), a fin de proteger a la comunidad escolar.
La OMS determinó que el glifosato es “probablemente cancerígeno para seres humanos”
En la provincia de Buenos Aires, hay 2315 unidades educativas ubicadas a campo abierto