(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)
Una realidad de todos los días pero que permanece oculta, un tema poco visibilizado: los embarazos y las maternidades infantiles, las cuales el Estado muchas veces ejerce presión para que lleguen a término con el embarazo y las niñas sean madres; otras formas de violencias lamentablemente naturalizadas.
A continuación, compartiré un informe del estudio realizado en el año 2016 por CLADEM: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres;
Los objetivos del estudio fueron, por un lado recoger evidencias que permitan visibilizar esta realidad silenciada en la región, y por el otro promover debate instalando conceptos claros y contundentes sobre la maternidad infantil forzada. Con los resultados se pretende desarrollar acciones e incidencias tanto a nivel nacional, regional e internacional para que se produzcan cambios. Fue realizado gracias al apoyo de The Sigrid Rausing Trust.
En el estudio el embarazo y maternidad infantil forzados son una tortura y un obstáculo para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. En ese contexto urge que los Estados implementen planes, políticas, y medidas sociales para la prevención de los embarazos y las maternidades infantiles forzadas y la adecuada sanción de la violencia sexual que los provoca.
El Balance realizado en catorce países de la región, fue coordinado por Susana Chiarotti experta en violencia contra las mujeres e integrante del Consejo consultivo de la red; conto con el apoyo de un equipo de investigadoras de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
Se pone a disposición los resultados del balance como una aproximación a la problemática y con ella se espera contribuir a diseñar estrategias de incidencia para su inclusión en la agenda pública nacional, regional e internacional; así como promover la exigibilidad de los derechos humanos de las niñas en la región.
Cada año, decenas de miles de niñas de América latina y el Caribe quedan embarazas contra su voluntad. Muchas de ellas son obligadas a continuar el embarazo debido a las legislaciones restrictivas y se convierten en madres a una edad en que deberían estar jugando.
La realidad de las niñas que viven los embarazos y maternidades forzadas aun no ha sido visibilizada con la fuerza que amerita. Hasta la fecha, su situación queda englobada en las cifras y diagnósticos sobre embarazo y maternidad adolescente, a pesar de que tanto las causas como las consecuencias de ambas situaciones suelen ser, en su mayoría, diferentes.
La etapa de la adolescencia, en la mayoría de los organismos gubernamentales e intergubernamentales va desde los 10 a los 19 años, engloba situaciones diferentes según cada tramo de edad. No es lo mismo vivir un embarazo a los 17 o 18 años que a los 9 o 10 años; tampoco se puede comparar la maternidad a los 18 años con una maternidad a los 11.
Dentro de la amplia franja de edad de 15 a 19 años, donde se registra una incidencia importante de embarazos debido a la iniciación sexual temprana, la mayoría de los casos de embarazos infantiles aparecen como producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia (abuso sexual incestuoso), conocidos, vecinos o extraños.
Cada año se producen en el mundo 2 millones de partos a niñas menores de 15 años. De mantenerse la tendencia esta cifra llegara a 3 millones en 2030.
Para quienes emplean en sus estudios enfoques demográficos o epidemiológicos, este número es ínfimo comparado con el de los embarazos adolescentes. Sin embargo, para quienes trabajan con enfoque de derechos humanos, cada niña cuenta y cada caso de embarazo infantil devuelve una imagen de situaciones sociales que deben prevenirse y erradicarse si se aspira a una sociedad con igualdad de derechos. (…)
(…) El objetivo de Desarrollo sostenible 5 se propone, para el año 2030, “lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas” y entre sus Metas incluye “poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas…”; “eliminar todas las formas de violencia y explotación sexual”; “Eliminar todas las prácticas nocivas…” y “garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos…”.Para lograr el cumplimiento de ese objetivo, se deberán tomar medidas urgentes para revertir la tendencia al crecimiento de la cifra de embarazos y maternidades infantiles.(…).
