El gobierno ha dado un paso decisivo hacia la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA) mediante el Decreto 286/2035, que autoriza la venta total del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., la empresa controlante de Transener, encargada de la transmisión eléctrica a nivel nacional. Este decreto marca el inicio de un proceso de privatización que involucra la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio.
En esta primera etapa, la operación se llevará a cabo a través de un concurso público nacional e internacional. La administración de Milei justifica esta decisión alegando que “ENARSA ha requerido transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no ha logrado resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en gestión”.
El objetivo declarado de la privatización de ENARSA es “ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, tome a su cargo la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica”. Según el decreto, se busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos. Los defensores de la medida sostienen que el sector privado no solo tiene la capacidad de hacerlo mejor, sino que también actúa como motor de la inversión, el empleo y la innovación.
La privatización de ENARSA fue establecida como una posibilidad a través del artículo 7° de la polémica Ley de Bases. En este sentido, el Ejecutivo aclaró que “resulta necesario desarrollar un proceso de privatización por etapas, garantizando la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que Energía Argentina S.A. tiene a su cargo”.
No obstante, la advertencia del ex subsecretario de Energía, Federico Basualdo, aún resuena: “ENARSA desempeña un papel crucial en el sector energético argentino, no solo garantizando las importaciones de combustible, sino también administrando activos estratégicos. Si el Estado decide privatizar estos activos, no solo perderá recursos estratégicos, sino también su capacidad de implementar políticas públicas y regular mercados vitales, como el gas y la energía eléctrica”.
Este giro en la política energética del país plantea serias interrogantes sobre el futuro del sector y la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales para la población.
