El Gobierno anunció la semana pasada la puesta en evaluación de los programas otorgados por el exMinisterio de Innovación, Ciencia y Tecnología (hoy degradado a Secretaría) y su posterior eliminación, si deben rendiciones o están vencidos. Hay unos 70 proyectos que la cartera a cargo de Darío Genua tiene bajo la lupa.
Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dejaron claro que todos los programas están en «revisión» y que «los programas que hagan al desarrollo del país, van a seguir». Sin embargo, apuntaron que existen programas que se superponen con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y que habían proyectos que se otorgaron y «no hay nada» hecho.
La resolución 10/2025 firmada por Guillermo Francos y publicada en el Boletín Oficial, le otorga a la cartera de Genua la posibilidad de identificar convenios vencidos sin ejecución, transferencias de fondos inutilizadas y proyectos que duplicaban funciones con otras áreas. En caso de detectarse incumplimientos, se exigirán devoluciones económicas con intereses y, de ser necesario, se procederá a iniciar acciones legales.
La respuesta de las organizaciones que recibieron parte de estos proyectos fue categórica: «Las falsas denuncias se utilizador durante esta gestión como argumento para cortar las politicas públicas» Desde que este Gobierno llegó al poder eliminó todos los programas de asistencia colectiva y mantuvo sólo los de asistencia directa, como AUH y tarjeta alimentar, que no son suficientes”, subrayan desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
Programas en la mira
Dentro de los programas que están bajo la lupa de la cartera de Genua, se encuentran la Convocatoria de proyectos de actualización tecnológica para la Economía Popular, donde afirman que se otorgó unos $4 millones a la Federación de Cooperativas de Reciclado LTDA para “mejorar el reciclaje” y “no hay nada”.
Aunque, desde la Federación de Cooperativas de Reciclado aseguran que el trabajo fue finalizado con éxito: presentado, rendido y ejecutado. Se desarrolló un sistema de gestión que actualmente se utiliza para la comercialización colectiva a la industria y que sea más «rentable» y «eficiente».
“El sistema de gestión tiene una variedad de módulos y el proyecto sirvió para mejorar la funcionalidad y para realizar capacitaciones para su utilización en las unidades productivas”, precisaron.
El presupuesto se destinó “una parte a equipamiento, otra a viáticos y la mayor parte fue para intercambio técnico vinculado al desarrollo del sistema de gestión y el asesoramiento logístico y administrativo de las unidades productivas”.
Los informes y las rendiciones fueron enviados a través de la Red de Intercambio Técnico de la Economía Popular (RITEP) para su aprobación. Se trabajó en conjunto con la RITEP y la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
También se encuentra en evaluación el proyecto otorgado a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros por $6,4 millones. Se les concedió la Plataforma digital para la recreación y comunicación de las infancias de la Economía Popular, que según informaron desde la Secretaría «no se especificó qué plataforma se desarrolló ni qué tipos de contenidos. Tampoco se menciona si hubo algún tipo de supervisión por parte de la cartera de Educación, ni hay información sobre los contenidos pedagógicos creados».
«No se detalla de qué manera la plataforma ayudó a la integración/inclusión en el mundo digital del público objetivo. Ni se presentan resultados de cómo fue el impacto de los contenidos creados en los niños», añadieron.
Ante esta denuncia, desde la asociación señalaron que los programas que se les otorgaron estaban «presentado, rendido, ejecutado y aprobado». «Si pretendían una auditoría más rigurosa, es un tema del Estado, porque se presentó tal como la pedían. Una cosa es decir: ‘mira capaz la auditoría podría haber sido más rigurosa’, o exigir mayor información sobre tal y cuál proyecto, y otra cosa decir que fue un curro de las organizaciones, que se le dio a plata y no hicieron las cosas», catapultaron desde la asociación.
«La plataforma se creó para que las trabajadoras se puedan comunicar y se las instruyó para que puedan utilizarla. Al día de hoy, continúa operativa», afirmaron.
El argumento del Gobierno para poner en evaluación los proyectos fue que “todas las áreas del ESTADO NACIONAL deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población”, según destaca la resolución publicada el viernes en el B.O. (Filo.news)
