Sin duda, este no es el camino.
Alarma el accionar del Gobierno Nacional al anunciar la intervención vía Decreto de Necesidad y Urgencia, así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley que se enviara al Congreso Nacional.
Triviales argumentos rodean la errónea intención de un Gobierno que pareciera no entender la fragilidad económica en la que estamos inmersos todos los argentinos, en medio de una negociación internacional de deuda que nos pone al borde del default y con una crisis productiva sin precedentes producto de la pandemia, perdiendo el foco de las imperiosas necesidades de educación, justicia, salud y orden económico que el pueblo argentino reclama, mas allá de la gran preocupación que genera el avance de un Estado casi quebrado sobre la propiedad privada.
Si tal como se anuncio en la conferencia de prensa preocupa la soberanía alimentaria, desde el estado deberían entender que toda intervención que realizan lejos de favorecer la producción de alimentos atenta contra los niveles productivos y desalienta a quienes deben tomar decisiones a diario para invertir, contratar mano de obra y producir alimentos. Si la preocupación es poder recobrar el dinero prestado por nuestra banca estatal, como así también poder resarcir a los productores damnificados habría que articular los mecanismos legales junto con el juez a cargo del concurso de acreedores, quien es el encargado de garantizar los derechos tanto de los acreedores como de los deudores de la empresa.
Las dificultades de la empresa Vicentin son producto de los errores y la impericia de sus accionistas y dueños, y su pasivo con esta medida será trasladada al conjunto de argentinos. Además, quien garantiza que una vez que el estado haya tomado el control de la misma, se realice una administración eficiente y austera?. La experiencia indica que se transformara en un refugio de militantes, moneda de cambio para el pago de favores políticos y una permanente carga para todos los argentinos.
Se actuara del mismo modo con la gran cantidad de pymes que han tenido que cerrar debido ya no a desmanejos, sino como consecuencia de la pandemia?
Con estas decisiones claramente el Gobierno Nacional es quien está poniendo en jaque la llamada “soberanía alimentaria”.