Diputados de las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios y de Derechos Humanos debaten un proyecto para prohibir las detenciones
Las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados bonaerense realizarán este jueves un plenario conjunto para abordar un proyecto que busca prohibirles a las policías de la provincia de Buenos Aires las detenciones por averiguación de identidad, previstas en la Ley 13482 que rige desde el año 2006.
La iniciativa, impulsada por la diputada camporista Roxana López ya tuvo un paso por la comisión de Derechos Humanos que lideran los diputados Juan “Tachu” Malpeli (Frente de Todos) y Natalia Dziakowski (Juntos) durante la última semana de septiembre, aunque por el momento oficialismo y oposición no llegaron a un punto de acuerdo para avanzar con el primer dictamen.
Durante el primer tratamiento, la legisladora del GEN Dziakowski solicitó postergar la votación a la espera de una posición unificada dentro la oposición. En aquella oportunidad, se escucharon las exposiciones del Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Lisandro Pellegrini, del Defensor del Pueblo Guido Lorenzino, y del secretario general de la CPM, Roberto Cipriano García.
En tanto, para este jueves, se sumará a la mesa de conjunta de las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios y de Derechos Humanos la voz de referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Como informó este medio, el proyecto propone la derogación del inciso “c” del artículo 15 de la Ley 13482 que faculta al personal policial a limitar la libertad de las personas “cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la documentación que la acredita”.
Por estas horas, desde los campamentos amarillos trabajan sobre una reforma que no implique una derogación para acaparar a los sectores que presentan resistencia. “En Derechos Humanos estamos un poco más cerca de encontrar consensos, pero va a estar más complicado en la comisión de Seguridad”, confió una fuerte parlamentaria que forma parte de las negociaciones.
En la presentación del texto, la diputada López explicó que “el pedido de documentación de la policía en muchos casos desencadena situaciones violencia institucional”. “Conocemos casos como el de Miguel Bru que incluso terminan en torturas, muertes o desapariciones y esta iniciativa apunta a proteger la democracia”, afirmó.
Asimismo, la autora del proyecto que busca prohibir las detenciones por averiguación de identidad sostuvo que “no se concibe que con todos los avances tecnológicos se siga deteniendo para averiguar datos”. “También tiene el objetivo de profesionalizar las fuerzas de seguridad”, aclaró.
En este sentido, el funcionario Pellegrini advirtió que “la averiguación de antecedentes es inconstitucional, porque habilita la detención sin motivos”. “Es de aplicación muy heterogénea, la práctica demuestra es que primero se detiene y después se busca la figura; es una obligación avanzar en este proyecto”, enfatizó.
“Es un proyecto que desprejuicia a las fuerzas de seguridad y las convoca a concentrarse en la reducción del delito. Este artículo pone a las fuerzas de seguridad en una valoración negativa. Esto no tiene que ver con lo cuantitativo sino cualitativo, un solo caso como el de Miguel Bru ya es una tragedia“, aportó Lorenzino en sintonía con López.
Por último, el abogado y secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García, alertó que “la policía va mutando en su forma detener arbitrariamente”. “La detención por averiguación de antecedentes por estas horas es marginal. Ahora la Policía Bonaerense imputa delitos contra la administración pública”, advirtió.
En tanto, el referente de la CPM enfatizó que “el 96% de los casos la policía detiene con cuestiones que no tiene que ver con delitos”. “Lo que se estaría legislando es adecuar nuestra constitución a los tratados internacionales, porque este inciso es inconstitucional”, remarcó Cipriano García.
Cipriano, hizo hincapié en que el inciso “c” de del artículo 15 de la Ley 13482 “propicia el avasallamiento de derechos”. “El mayor impacto que tiene esta figura es el anillo de contención para que los sectores pobres ingresen a las ciudades y es un limitante al acceso a los derechos”, concluyó.