La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) estará facultada, a partir del año entrante, para aplicar sanciones que llegan hasta la clausura a los comercios de la provincia que no tengan disponible el sistema de posnet para sus clientes, que es obligatorio desde este año. Aunque aún no se definieron aspectos de la reglamentación, la sanción requerirá intervención judicial.
La novedad está contenida en la ley impositiva aprobada esta semana en la Legislatura por impulso del Ejecutiva pero con amplio respaldo de los bloques opositores del Frente Renovador, el Peronismo Unidad y Renovación, ligado a los intendentes de esa filiación, el Frente Amplio Peronista –comandado por José Ottavis- e Integrar.
El artículo 85 de esa norma, dispone textualmente a partir de ahora en su inciso 2 bis se sancionará a quienes «no posean talonarios, controladores fiscales u otro medio para emitir facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicio en la forma y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, o no cuenten con los dispositivos necesarios implementados en cumplimiento del Título II de la Ley N° 27.253 y/o en las normas nacionales vigentes complementarias, y conforme a la reglamentación aplicable.»
La ley 27.253 es una norma nacional sobre régimen de ventas minoristas sancionada en 2016 y reglamentada el año siguiente, que en su Título II establece la obligatoriedad de aceptar el pago con tarjeta de débito y crédito con el sistema de posnet. Luego, en 2017, el Ejecutivo nacional la reglamentó y la obligatoriedad entró en vigencia en abril de este año, con sanciones de multas de entre $300 y $300 mil para quienes incumplan.
Ahora, la Provincia tendrá su herramienta para controlar el cumplimiento en territorio bonaerense. Según explicaron a DIB fuentes de ARBA, la agencia realizará la los controles y labrará las infracciones correspondientes en el caso de que incumplimientos. Luego, determinará si como sanción corresponde una multa o si es preciso llegar hasta la clausura. El proceso supondrá la intervención de la justicia.
De todos modos, aún resta definir detalles del modo de aplicación del nuevo sistema que, según se informó, se darán a conocer en las próximas semanas.
Una larga polémica
La obligatoriedad del uso de dispositivos electrónicos de pago -una comodidad para el cliente que da mayor seguridad en las transacciones porque elimina el dinero y también reduce la evasión fiscal, ya levantó varias polémicas en la provincia, debido al costo del sistema, tanto en el aspecto físico como en lo que se debe abonar para usarlo. Quienes se oponen mencionan el costo del sistema para los comerciantes de menor escala como uno de los impedimentos.
En especial, las objeciones han apuntado a la situación de los monotributistas, aunque cuando se hizo obligatorio el sistema para ellos, se dispuso que el alquiler del dispositivo será gratuito por dos años y tampoco deberán afrontar costo en las transacciones.
(DIB)
