Además, dejó accidentalmente afuera a la mayoría de los productores nacionales, beneficiando a los importadores y distribuidores quienes, en su mayoría, no generan mano de obra ni empleo.
Acorde a lo que numerosos empresarios de la provincia de Buenos Aires declararon ante REALPOLITIK, cuando el Instituto Obr
a Médico Asistencial (IOMA) decidió comprar cartuchos tóner, se olvidaron de incluir la ley medioambiental 24.051. Dicho descuido no sólo deja afuera a la enorme mayoría de las pymes que producen el producto a nivel nacional, sino que además provocó que el presupuesto se dispare de 10 a 17 millones de pesos.
La licitación pública 317-0166-LPU18 obliga a cotizar cartuchos originales Lexmark, lo que implica un negocio exclusivo para los distribuidores de la marca. De este modo, deja afuera a las pymes nacionales que logran su desarrollo y consolidación fabricando cartuchos nuevos, de la misma calidad y con mayores garantías.
En efecto, la mayoría de los productores nacionales fabrican tóners homologados por el INTI en calidad y rendimiento, dando las mismas garantías que el insumo original y además otorgando una adicional sobre la impresora que utiliza el cartucho.
Por otro lado, el pliego omite la ley 24.051 y por ende no dice nada acerca de la llamada “disposición final” de los cartuchos. Siendo los tóners uno de los productos más contaminantes del mundo, se creó una ley que obliga a quienes los proveen a, luego de utilizarse, volver a retirarlos para, eventualmente, reducirlos con fuego, vitrificarlos y almacenarlos en un espacio reservado especialmente para evitar la contaminación.
“Nos hacemos cargo del retiro de los cartuchos vacios o agotados y hacemos el Tratamiento de Disposición Final que exige la OPDS por ser los cartuchos tóner residuos peligrosos cumpliendo de esta forma las leyes actuales y vigentes medioambientales asegurando que IOMA realice una compra sustentable y evite la acumulación de estos cartuchos vacios con la problemática que representa no solo desde el punto de vista de almacenaje sino de la salud misma”, explicaron.
El descuido no le salió barato a una provincia en crisis financiera y con la mayor deuda de su historia. Lo que se pudo comprar con algo más de 9.5 millones de pesos, ahora costará 17 millones.
“Estas son las cosas que realmente molestan y donde vemos que no cuidan el erario público que todos pagamos con los impuestos. Mientras tanto, nadie hace nada para disminuir el impacto ambiental”, aseguraron
(realpolitik)
