La empresa pública aún tiene vigente un plan para desprenderse de 4000 empleados. La actual gestión cerró varias sucursales en el interior del país y propone un modelo de franquicias “no exclusivas”. La preocupación por el futuro de la sucursal albertina.
Alberti se suma a las ciudades y localidades del interior provincial y de la región que ver peligrar la apertura de sus oficinas de Correo Argentino ante la decisión del gobierno nacional de reducir y ajustar la empresa estatal, con despidos y retiros voluntarios entre las filas de su plantel de personal.
El secretario de Gobierno del municipio de Alberti, Juan Enrique Palazzo, expresó a este portal digital informativo que «el servicio de Correo es importantísimo para cada comunidad y en Alberti no escapamos a esa problemática. La oficina con tres empleados, recibió las ofertas de retiro voluntario para cada uno de ellos».
«Nos está golpeando -agregó el funcionario municipal albertino consultado- también esta problemática y es muy probable que nuestra sucursal cierre. Es altamente probable que eso suceda y eso generara un gran problema para el albertino porque trámites comunes como el envío de una carta documento por ejemplo van a tener que ser realizados en otras localidades y eso generará muchos problemas en los habitantes, resintiendo en la sociedad de gran manera. Es algo que nos duele mucho», lamentó el secretario de Gobierno de Alberti.
«El gobierno nacional no plantea alternativas», indicó.
CORREO ARGENTINO ALCANZO LAS 2.800 DESVINCULACIONES ENTRE RETIROS Y DESPIDOS: COMO SEGUIRA EL AJUSTE
El Correo Argentino, una de las nueve empresas públicas sujetas a privatización si se aprueba la “Ley Bases” en el Congreso, se desprendió cerca de 2800 empleados, de los 16.856 que había contratados en diciembre antes de la asunción del presidente Javier Milei, indicaron a Infobae fuentes oficiales de Jefatura de Gabinete.
La firma telepostal arrancó el 4 de mayo con un masivo plan de retiro voluntario, en el marco de la reestructuración que el Gobierno pretende para las empresas públicas. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, precisó en su informe de gestión en el Senado que quienes aceptaron esa oferta de desvinculación voluntaria alcanza a 1700 trabajadores.
Sin embargo, la sangría comenzó hace meses y se profundizó en las últimas semanas con el envío de cientos de telegramas de despido y finalizaciones contractuales. Según fuentes dentro de la empresa, solo durante el 26 de abril cesantearon a 750 personas. Por eso la reducción total de la dotación se acerca a los tres mil desde diciembre.
A través del mecanismo de retiro voluntario y jubilaciones anticipadas, el Gobierno espera reducir la plantilla en un total de 4.000 empleados. Las indemnizaciones se otorgan según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (1 sueldo por año de servicio); mientras que la jubilación anticipada es para agentes de 64 años y 6 meses, con una gratificación 8 sueldos brutos. La oferta alcanza a los hombres de 59/60 a 65 años y a las de mujeres de 55 a 65 años.
Ante la incertidumbre y la preocupación sobre el futuro de la empresa, miles de empleados decidieron aceptar la propuesta oficial. En los grupos de Facebook y en las redes sociales de los trabajadores se multiplican los relatos y anécdotas de agentes con cuantiosos años de antigüedad (algunos superan los 20 años en la empresa), que dejan el trabajo con pesar. Entre los despedidos hubo casos dramáticos. El cartero Ricardo Albornoz, un vecino de Rosario de la Frontera, provincia de Salta, tenía 40 años de antigüedad y estaba condiciones de recibir la jubilación. Sufrió un paro cardíaco al recibir el telegrama de desvinculación. “La señora me contó que se empezó a sentir mal. Lo encontró muerto en el baño”, contó a Radio Nacional el titular del sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), Julio Reifenberg.
Desde el Gobierno informan que el ajuste forma parte de una apuesta de modernización del Estado y de reducción del gasto público. El objetivo es que la firma alcance en esta instancia la independencia financiera de los aportes del Tesoro Nacional. En 2023, se transfirieron $145.000 millones a la empresa que, según la versión oficial, se “destinaron mayoritariamente para cubrir gastos operativos de una operación deficitaria”.
El presidente del servicio postal, Camilo Baldini, está al frente del plan de reestructuración, bajo las instrucciones políticas de la jefatura de Gabinete libertaria. Baldini es un cuadro técnico que integra los 1867 funcionarios de alta dirección del Estado que aún siguen en su cargo y que provienen de la gestión de Alberto Fernández, según confirmó Posse en su exposición en la Cámara alta.
El jueves, Baldini envió una carta a todo el personal anunciando la extensión del plan de retiros voluntarios hasta el viernes 24 de mayo. “Es importante destacar que la readecuación de la dotación está vinculada con una reconversión del modelo de negocio de la empresa”, dice uno de los fragmentos de la misiva oficial.
En el texto se anticipan algunos de los cambios que se aproximan. El más destacado es el de la reconfiguración del modelo de sucursales, con un “nuevo formato de franquicias no exclusivas”. Es decir, habrá stands y puntos de atención en oficinas y dependencias públicas de gobernaciones, municipios y otros organismos del Estado, así como en comercios privados, como kioskos o estaciones de servicio; similar al modelo que aplican algunas empresas conocidas de pagos electrónicos. La intención es “ampliar el alcance” del Correo Argentino en todo el país, abaratando los gastos en personal y los gastos de inmuebles.
El cambio de paradigma del modelo de gestión territorial se observa en varias localidades del interior, donde hubo cierres de las sucursales tradicionales acompañados de cesantías. En las últimas semanas, los sindicatos de la actividad y trabajadores organizaron protestas frente a los locales que bajaron las persianas en distintas jurisdicciones. La secuencia siempre es la misma. Ante los anuncios o rumores de establecimientos no continuarán con la atención al público, le sigue la reacción de intendentes, legisladores y gobiernos provinciales para que se mantenga la operación de los establecimientos, frente a los efectos negativos que significaría dejar de contar con el servicio postal.
Esa preocupación llegó a la Cámara alta esta semana. El senador de Santa Cruz, José María Carambia (Movere), llamó la atención sobre este punto a Posse durante su informe de gestión. “El otro día tuvimos una teleconferencia con trabajadores de un pueblito que se llama Tres Lagos. Es una comisión de fomento de muy poquitos habitantes. Griselda trabaja en el Correo Argentino y comenzaron con amenazas, a perseguirlas, diciéndoles que si no firman el retiro voluntario antes del 24 de mayo -no sé por qué esa fecha, si será por el Pacto de Mayo-, iban a ver los que les iba a pasar”, ilustró el legislador, que expresó sus dudas si las indemnizaciones se efectuaban para facilitar una “eventual privatización”.
Desde la empresa pública sostienen que el plan de negocios está enfocado en “cuatro pilares”. Uno de ellos es el de las “franquicias no exclusivas”. Otros apuntan a la “eficientización de los gastos”, para determinar la cantidad y la calidad de erogaciones a tono con el plan propuesto; y la “optimización de las líneas de negocios” de servicios como paquetería, logística, correo tradicional y electoral, mientras que se descontinuarán aquellas que son deficitarias. La última pata es la “incorporación de nuevas tecnologías” que aporten a la innovación y calidad del servicio postal.
“Los objetivos planteados nos presentan grandes desafíos, pero estamos convencidos que es el camino correcto, y contamos con el compromiso de quienes decidan acompañarnos en esta nueva etapa para alcanzarlo juntos. Por esa razón, no tengo dudas que durante un tiempo, cuando miremos hacia atrás y miremos con cierta perspectiva todo lo que hemos logrado, estaremos más orgullosos que nunca de formar parte de la familia telepostal del siglo XXI”, cerró el presidente Baldini su carta al personal.
(Cuarto Político)