Se trata de una georreferenciación sobre las restricciones a los agroquímicos que rigen en los distintos distritos. Entre sus objetivos, el proyecto busca “coadyuvar a la fiscalización de las aplicaciones tanto a nivel provincial como municipal”. La iniciativa surge días antes de un nuevo vencimiento de la suspensión de la resolución 246/18.
El Gobierno bonaerense informó que desarrollará un mapa de acceso público en el que reflejará las restricciones para las aplicaciones de agroquímicos en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de contribuir a las fiscalizaciones.
Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, creó este martes un “proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales a las aplicaciones de agroquímicos” que estará a cargo de la subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria.
La iniciativa, consultada por DIB, fue publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense a través de la resolución 297/22 de la cartera que conduce Javier Rodríguez. La misma está vinculada al Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) creado en 2020.
El proyecto de georreferenciación se propone “representar gráficamente las restricciones territoriales para las aplicaciones, determinadas a nivel local y provincial de conformidad a la normativa vigente”, “coadyuvar a la fiscalización de las aplicaciones tanto a nivel provincial como municipal” y “contribuir al sistema de información pública en materia de uso y aplicación de agroquímicos”.
Los municipios que adhieran al proyecto “deberán validar la concordancia entre lo normado y lo georreferenciado” y “serán responsables de comunicar al Ministerio de Desarrollo Agrario las actualizaciones normativas”. Vale señalar que los distintos distritos cuentan con regulaciones distintas en cuanto a la aplicación de agroquímicos.
En sus considerandos, la normativa publicada hoy señala que el OTA “ha mantenido reuniones con los municipios para relevar la situación local en materia de uso y aplicación de agroquímicos” y que “se vislumbra desde los municipios la necesidad de contar con una herramienta que posibilite una representación gráfica que plasme las regulaciones territoriales”. Asimismo, adelanta que “la información geográfica producida estará a disposición de todos los habitantes, cumpliendo con los más altos estándares en materia de información, base de todo sistema republicano de gobierno”.
El Observatorio fue creado en 2020 para evaluar las políticas vinculadas a la aplicación de agroquímicos, en el marco de la suspensión de la resolución 246/18 sobre pautas de aplicación de agroquímicos del gobierno de María Eugenia Vidal.
¿Qué pasa con la resolución vidalista?
El proyecto sobre georreferenciación publicado hoy en el Boletín Oficial surge en vísperas de un nuevo vencimiento de la prórroga de la suspensión de la resolución 246/18.
La resolución vidalista fue dictada a fines de 2018 por la entonces cartera de Agroindustria. La normativa (más permisiva que muchas ordenanzas municipales) cosechó rápidamente fuertes críticas de organizaciones ambientalistas porque no establecía distancias de prohibición para fumigar y limitaba las aplicaciones en las inmediaciones de escuelas sólo en horario escolar.
Luego del rechazo, el mismo gobierno de Vidal decidió suspenderla en febrero de 2019 (cuando iba a entrar en vigencia) por un año y crear un equipo interdisciplinario para elaborar un protocolo. Además modificó el punto vinculado a las escuelas y llamó a los productores a “abstenerse en forma total de realizar aplicaciones y pulverizaciones de fitosanitarios” en las inmediaciones de estos establecimientos.
Tras el cambio de gestión, el gobierno de Axel Kicillof prorrogó la suspensión en 2020 y creó una mesa de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (hoy Ministerio de Ambiente) y a la Autoridad del Agua (ADA), y conformó el OTA.
En el marco del trabajo interdisciplinario, la 246 volvió a suspenderse otras dos veces. La última se decretó el pasado 14 de febrero por un lapso de seis meses. En vísperas del vencimiento de la prórroga (sería el 14 de agosto) se esperan definiciones del Gobierno provincial al respecto. (DIB) MT