Se trata de una iniciativa de la diputada María Laura Ramírez para poner fin a la incertidumbre de los consumidores medicinales.
La situación de los cultivadores y productores de derivados del cannabis con fines medicinales en Buenos Aires es compleja. Por un lado, padecen los problemas de salud que cargan ellos o sus familiares y por otro, se exponen a la clandestinidad a la que están sometidos por la ausencia de una ley que los ampare.
Ante ese escenario, la diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de Salud Pública, María Laura Ramírez, presentó un proyecto de ley que busca terminar con esa inseguridad y propone que los consumidores medicinales sean habilitados a sembrar, cultivar, producir y transportar las plantas y sus derivados.
“Es una ley que nace de las verdaderas necesidades de los usuarios. Quedó expuesto con la ley nacional de 2017 que no se puede legislar porque solo habla de una temática y no es extensiva a otras patologías”, resaltó la diputada de la Matanza a Diputados Bonaerenses.
La normativa presentada apunta a abordar tres ejes: la investigación médica y científica del uso del cannabis, el marco regulatorio para los tratamientos paliativos y, el marco para el tratamiento psicológico y emocional.
“Busca garantizar el cuidado integral de la salud, también se piensa en el desarrollo de los medicamentos derivados que van a poder ser desarrollados por los científicos en la Provincia. Sabemos que mejora notablemente la calidad de vida de niños y adultos que padecen diversas patologías”, enfatizó Ramírez.
En ese orden, se abre un guiño para la transformación que planifica el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, de apuntar a una morigeración de las penas para aquellas personas que son detenidas y se les abren causas judiciales por cultivar plantas de marihuana en sus casas.
Esto nació a partir del análisis de la situación penitenciaria en la Provincia, que tiene altísimos niveles de ocupación y hacinamiento. Entonces, la idea es desocupar las plazas con aquellas personas que están detenidas por hechos menores que violan la llamada “ley nacional de drogas”.
“Esta es una ley en contra de la criminalización de las personas que hacen un uso medicinal del cannabis y derivados. Tenemos casos de familias que además de tener la angustia por el estado de salud de sus hijos y que también tienen el miedo a ser allanados por la situación de clandestinidad”, subrayó Ramírez.
Por caso, la legisladora trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud y otros sectores del Ejecutivo para armar la estructura que va a contener a los organismos y asociaciones civiles que van a recibir el registro habilitante que acredite que están autorizados a cultivar y producir.
Así, como ocurrió con el proyecto (y luego ley) de donación de plasma, la cartera sanitaria que conducen Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, trabaja de forma integrada con la legisladora de La Matanza.
Hurlingham, Castelli, Berazategui, Ituzaingó y General La Madrid son algunas de las localidades en las que los Concejos Deliberantes han aprobado ordenanzas para permitir el cultivo en conjunto con el INTA y organismos que además, de ayudar a los usuarios, pueden avanzar con la investigación científica.
En ese orden, la nueva ley apunta a que las Secretarías de Salud locales articulen con el Ministerio en cuanto al ordenamiento de la distribución de semillas y los registros. También propone la creación de un Banco de Semillas a cargo del Ministerio de Desarrollo Agragrio de la provincia.
“Queremos que dejen de recurrir al mercado negro, porque la pandemia dejó una crisis tal que, si ya cuesta conseguir un medicamento de curso legal en la farmacia, muchas familias comenzaron a decidir si pagar los servicios o comprar un medicamento para tener una calidad de vida mejor”, repasó Ramírez.