Al día de la fecha, la informática y las nuevas tecnologías han impactado de forma trascendental en nuestras vidas, dado que es indiscutible que, en la actualidad, formamos parte de la una sociedad 2.0.
La crisis del coronavirus y el aislamiento hicieron incrementar exponencialmente las compras por internet y con ello se trae aparejado un aumento de los reclamos por derechos del consumidor vulnerados muchas veces en esas transacciones.
Pero, debemos saber que dicha actividad se encuentra regulada por la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 (“LDC”), la cual establece cómo debe ser la oferta del producto o servicio, sus garantías y la eventual responsabilidad por los daños causados al consumidor.
La LDC contiene, entre otras cosas, normas específicas sobre las ventas llevadas a cabo en Internet. Por ejemplo, la facultad del consumidor de arrepentirse de una venta, dentro de los 10 días corridos a partir de la aceptación o entrega del bien. La LDP obliga al empresario a informar al consumidor por escrito su facultad de arrepentimiento y todos los gastos de la devolución se consideran a cargo del proveedor.
Asimismo, existe la obligación de publicar el nombre de la empresa, su domicilio, CUIT, teléfono o dirección electrónica del servicio de atención al cliente y otros datos relevantes para identificar al proveedor.
En el caso de infracciones, la normativa de defensa del consumidor prevé no sólo multas administrativas, sino también la posibilidad de que los consumidores soliciten daños punitivos hasta una suma de $5.000.000.
La clave está que las empresas mantengan informado a quienes compran online, tanto en la etapa previa, como durante y luego de realizada la adquisición. Muchos problemas con clientes pueden solucionarse con una comunicación fluida y adecuada.
