El Congreso busca fijar presupuestos mínimos para la conservación y el desarrollo sustentable de los humedales.
La Multisectorial de vecinos y ambientalistas exigió “el inmediato cese de las quemas ecocidas» en las islas del Delta del Paraná, la sanción de la «Ley de Humedales” y que sean declarados “patrimonio cultural y natural de la nación”.
El pedido fue realizado hoy tras una caravana de embarcaciones a remo de Santa Fe y Entre Ríos, denominado «Unión de las Orillas», en el marco de la lucha para detener las quemas en las islas del Delta del Paraná.
La Multisectorial remarcó que las quemas intencionales en el Delta del Paraná, están generando “un daño gigantesco alhumedal” y que el ecocidio “está provocando la muerte de muchísimos animales en una bajante histórica del río”.
También subrayaron que a raíz de la lucha que vienen sosteniendo, pudieron conocer a “algunos de los responsables de estas quemas, que inclusive tienen relación con el Grupo Clarín, como son Aranda, Hernández y Baggio”.
Además, exigieron que los humedales «sean declarados patrimonio cultural y natural de la nación” a la vez que pidieron que también se declare “el estado de emergencia ambiental en los humedales”.
Del mismo modo reclamaron que “se prohíban las actividades productivas a gran escala hasta que se recomponga el ecosistema y se complete el relevamiento nacional de humedales” y “el inmediato cese de las quemas ecocidas”.
Solicitaron la “activación del Plan Integral y Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP) en concordancia con el pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por último, exigieron “la sanción de una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales” y que se convoque a organizaciones ambientalistas “a discutir y aprobar una Ley de Humedales para todo el territorio nacional”.
LEY DE HUMEDALES
Las más de 70 mil hectáreas quemadas por incendios intencionales en el Delta del Paraná desencadenaron un debate frustrado tres veces en el Congreso en menos de una década (2013, 2017 y 2018) por el poderoso lobby empresario, compuesto por productores agropecuarios, mineras y desarrolladores inmobiliarios.
La Cámara de Diputados que analiza seis propuestas, se puso como plazo lograr en lo que queda de este año el dictamen y la media sanción de la futura normativa de presupuestos mínimos para la conservación y el desarrollo sustentable de los humedales.
El proyecto que respalda el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié fue el del presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso (Frente de Todos).
El texto plantea un aumento considerable en las multas por los incendios intencionales que llegan hasta 843 millones de pesos. En esa dirección, incorpora un capítulo penal con sanciones de 1 a 10 años de cárcel; una escala que va desde el delito culposo hasta el doloso e intencional.
La iniciativa de Grosso, contempla la “responsabilidad extendida” para que las sanciones no recaigan sólo sobre los responsables directos de los incendios, muchas veces peones rurales que cumplen órdenes, sino también de sus promotores.
Por la comisión que preside el oficialista pasaron expertos del Inta, entidades de productores, comunidades de pueblos originarios que habitan humedales, desarrolladores inmobiliarios y empresas mineras. Los expositores seguirán pasando.