La iniciativa busca crear un registro para que los violentos no puedan realizar operaciones bancarias, renovar el pasaporte o percibir beneficios sociales.
Si bien la mayoría de los diputados y senadores de la provincia parecen encontrarse unidos en el rechazo a casos como los de Thelma Fardín, lejos están de llevar ese repudio a acciones concretas en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense.
Una muestra de ello es el destino errante que viene transitando un proyecto que busca crear un registro para que los infractores de las leyes de violencia familiar y de erradicación de la violencia contra las mujeres vean restringidos sus derechos.
En concreto, la norma hace más de cuatro años que duerme “el sueño de los justos” en algún pasillo de la Cámara baja bonaerense –la primera versión tomó estado parlamentario en abril de 2014.
“El Estado debe controlar estos casos, conocer las modalidades de violencia, generar estadísticas, dar a conocer cuáles son las respuestas y cuáles son sus resultados”, cuestionó su autor el diputado Rodolfo “Manino” Iriart.
La iniciativa busca restringir a los infractores de abrir cuentas bancarias, renovar tarjetas de crédito, renovar el pasaporte, participar de licitaciones en cualquier órbita del Estado, percibir beneficios sociales y hasta renovar el carnet de conductor.
Asimismo, busca que los violentos no puedan inscribirse en el registro de adopción, renovar licencias en el RENAR, acceder a cualquier tipo de cargo público y participar de adjudicación de viviendas sociales.
“Es la tercera vez que se cae el proyecto, parece que los diputados no están interesados en esta temática. El año que viene lo volveremos a presentar”, sustuvo Iriart en diálogo con Diputados Bonaerenses.
