Un relevamiento realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del Defensor del Pueblo bonaerense, Walter Martello, determinó que el atado de cigarrillos de la marca más vendida en nuestro país sale 1,7 dólares, mientras que en Australia, Canadá y Francia el precio de venta es entre 9 y 11 veces más caro.
En momentos en que el proyecto de presupuesto 2019 ingresó al congreso nacional, y lo mismo ocurrirá en la Legislatura con la pauta de ingresos y gastos prevista para el año que viene en la Provincia, Martello destacó la necesidad de aumentar la carga impositiva a las tabacaleras y a la venta mayorista de cigarrillos que, en territorio bonaerense, paga una alícuota del 8% en ingresos brutos. El objetivo es generar más recursos que permitan desarrollar programas de prevención, de reducción de daños y fortalecer el sistema de salud pública ante los miles de millones de pesos que se deben destinar para hacer frente a las enfermedades ligadas al tabaquismo.
“Antes de la última devaluación, los precios en dólares de los cigarrillos en la Argentina no solamente eran -y siguen siendo- mucho más baratos respecto a lo que sucede en los países desarrollados, sino que también lo son en comparación con países de la región como Uruguay, Chile y Brasil”, remarcó el Defensor del Pueblo Adjunto.
“Se trata de seguir la misma política que se viene instrumentando en aquellos naciones que han tenido éxito en el combate contra el tabaquismo. Que la tabacaleras paguen más impuestos impacta sobre los precios de venta, desincentiva el consumo, disminuye factores de riesgos y permite al Estado tener más recursos para financiar programas de salud en momentos de crisis y ajuste”, explicó Martello.
La aplicación de aumentos impositivos es uno de los pilares del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), aprobado por unanimidad en la 56º Asamblea Mundial de la OMS celebrada el 21 de mayo de 2003. “El CMCT fue firmado por la Argentina, pero nuestro país es el único de Sudamérica, y uno de los pocos del mundo, que aún no lo ratificó. Evidentemente ha influido el lobby de la industria tabacalera, pero a esta altura resulta inadmisible que se siga postergado la ratificación en el congreso”, explicó Martello.
El convenio marco también prevé la prohibición completa de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos asociados al tabaco; la protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno a través de la implementación de ambientes 100% libres de humo; y cobertura del sistema público de salud y de las obras sociales de los tratamientos para dejar de fumar.
Cabe destacar que una investigación de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC-Argentina) determinó que si en Argentina se aumentara un 33% el precio real de los cigarrillos, el consumo de tabaco se reduciría en 10%, aumentaría la recaudación en $6.139 millones al año y se reducirían los costos sanitarios en $1.200 millones por año. La FIC también advirtió que los sectores más vulnerables son quienes sufren las mayores consecuencias sanitarias del tabaquismo. En comparación con los sectores de mayores ingresos, el riesgo de muerte atribuible al tabaco es un 40% mayor en fumadores de los sectores de bajos ingresos. Por este motivo, las políticas tributarias de control de tabaco generan un especial beneficio en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ya que son los jóvenes, especialmente en los sectores de menores ingresos, los más sensibles al aumento de precios del tabaco.
El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense advirtió que una parte importante de los aumentos impositivos, aplicados durante los últimos años, fueron absorbidos por las tabacaleras. “Al tener precios más bajos respecto a otras parte de América, donde operan las dos mismas tabacaleras que concentran el mercado en nuestro país, la producción de cigarrillos en la Argentina triplica lo que se registra en países como Canadá y supera ampliamente a México”, dijo Martello.
Radiografía de los impuestos al tabaco
La mayoría de los Estados recauda impuestos por la venta de productos de tabaco, ya sea a través de tributos generales a las ventas y al valor agregado, de impuestos selectivos al consumo de algunos bienes (excise taxes) y/o de aranceles a la importación. Desde una perspectiva de salud pública los gravámenes selectivos son los más importantes porque suben el precio relativo de los productos derivados del tabaco respecto al precio de otros bienes y servicios desalentando su consumo. Además, generan recursos para compensar los costos del tratamiento de enfermedades asociadas al tabaquismo. Según un informe realizado en 2017 por el Ministerio de Salud de la Nación, el impacto del impuesto selectivo sobre el precio relativo reduce el consumo del bien acercándolo al óptimo desde un punto de vista social.
En Argentina el precio de venta al público de un atado de cigarrillos está gravado por dos impuestos generales (Impuesto al Valor Agregado -IVA- e Ingresos Brutos -IIBB-), un impuesto selectivo al consumo de tabaco entre otros bienes (Impuesto Interno al Tabaco -INT-) y un impuesto selectivo aplicado solo al consumo de cigarrillos (Impuesto Adicional de Emergencia -IAE-). Además de estos impuestos, la Ley 19.800 establece un adicional sobre el precio de los cigarrillos para alimentar el Fondo Especial del Tabaco -FET- cuyo destino es el sostenimiento de la producción tabacalera en las provincias del norte argentino. Es importante destacar que ni el FET ni los impuestos generales al consumo se corresponden con el concepto de impuesto selectivo desarrollado anteriormente, en la medida que persiguen finalidades que nada tienen que ver con el tratamiento de las externalidades negativas provocadas por el consumo de tabaco.
En comparación con otras naciones, nuestro país presenta un porcentaje de carga impositiva intermedia sobre el precio de los cigarrillos. En base a la estructura vigente al 15 de diciembre, con una carga del 71% (sin el FET) Argentina se ubicaría entre los puestos 26 y 27 de 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 4 puntos porcentuales por encima de México (67%) y 12 puntos porcentuales por debajo de Chile (83%).
